¿Por qué los colegios de concesión
deben volver a ser administrados
por el Distrito?
Jorge Enrique Laverde
Herrera
Director Dpto. Educación
CUT Bogotá Cundinamarca
A pesar que este tema ya lo he tocado
en dos artículos anteriores, me refiero a él nuevamente porque se mantiene el debate
no sólo en el Distrito sino a nivel nacional con la intromisión del presidente
Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parody respaldando la
continuidad de las concesiones como garantía de la calidad educativa.
Recordemos que son 25 colegios en concesión
con propietarios de cajas de compensación, universidades y colegios ligados a
sectores religiosos, que entre diciembre de 2014 y febrero de 2015 terminan contratos
de 15 años, otorgados por el ex alcalde Enrique Peñalosa. Nada obliga a la
prórroga de éstos. El Distrito puede recuperar su administración a partir de su
culminación.
La Asociación Distrital de Educadores,
ADE, exige en su pliego de peticiones esto, pero el alcalde Petro y su secretario
de Educación, quien acaba de renunciar, se inventaron una evaluación donde
tienen en cuenta, además de los resultados en las pruebas Saber 11 del 2013,
los índices de deserción escolar, la reprobación, el clima escolar, entre
otros.
En dichas pruebas sólo un colegio de
concesión tiene buenos resultados; los índices de deserción son más bajos que
los de los colegios oficiales, pues la jornada única genera menos dificultad en
los tiempos de la familia al garantizar mayor permanencia de los estudiantes en
el colegio, además, al administrador privado le interesa evitar que se le vayan
los estudiantes pues le representa un ingreso económico importante; la
reprobación puede ser menor que en los colegios oficiales porque los
estudiantes tienen mayor intensidad horaria, docentes de todas las áreas desde
los primeros hasta los últimos grados de educación, en el colegio oficial los
parámetros restringen la posibilidad de tener los docentes especializados
suficientes en todos los niveles educativos.
Según esta controvertida evaluación,
17 colegios de estos quedaron entre los primeros 50 y por eso justifican su
continuidad por 3 años más, 5 quedan del 51 al 100 y definen que queden en
administración mixta con el Distrito y los docentes serán parte de la planta oficial,
3 que quedaron por fuera de los 100 pasarán a ser administrados totalmente por
el Distrito.
No podemos afirmar por esto que Petro es
el alcalde más privatizador como afirman algunos dirigentes sindicales, pero sí
le criticamos que por las presiones o la concepción frente a la concurrencia público
privada que tiene, no termine estas nefastas concesiones. Debemos rechazar el
Proyecto de Acuerdo 235 de 2014, de vigencias futuras, que presentó al Concejo
Distrital para que le aprobaran $170.000 millones para prorrogar por 3 años más
17 concesiones, el cual afortunadamente fue derrotado por las acciones
desarrolladas por la ADE y la decisión de esta corporación de no aprobarlo.
Ante esta situación, el Distrito ha decidido
prorrogar por un año más las 17 concesiones, que es el periodo que le queda a
esta administración.
La propuesta de la ADE es que los
colegios queden con la misma jornada única y con los mismos docentes, pero con
los derechos salariales, laborales y prestacionales de los demás docentes oficiales,
en contratación provisional mientras se desarrollan los concursos para ingresar
a la carrera docente; ya con el retorno parcial o total de 8 colegios, cerca de
500 docentes tendrán los mismos derechos de los demás docentes estatales, lo
cual es una ganancia, no reconocida por los algunos dirigentes del magisterio;
se ha iniciado el proceso de desmonte de las concesiones de la educación en
Bogotá.
Los padres deben estar tranquilos
porque van a continuar sus hijos en las mismas condiciones que hoy tienen, lo
que cambia es que el negociante de la educación no va seguir ganando unas
cifras extraordinarias por administrar un colegio que es del Distrito, lo dota
y mantiene el Distrito, suministra la alimentación y el transporte el Distrito,
el concesionario paga salarios por el orden de $1.200.000 mensual, sin
reconocer escalafón, obligando a jornadas superiores a las ocho horas,
inclusive los fines de semana, quedándose con una buena parte de los cerca de
$1.900.000 que recibe por cada estudiante al año, con un promedio de 41,6 estudiantes
por aula desde el preescolar a la media. Defendemos la educación pública garantizada
y administrada por el Estado que recibe los impuestos que todos los bogotanos y
colombianos pagamos.
Por otro lado, no es cierto que la
calidad es mejor en lo privado, claro que los colegios de élite que cuentan con
todo lo necesario pueden ser de excelente calidad, pero no así los de los
barrios populares que es a donde acude el pueblo, ni los administrados por los
privados en estos sectores; los colegios oficiales en las últimas pruebas Saber
11, en un 60%, se ubicaron en categoría alto, superior y muy superior; de los 22
colegios públicos y privados en Bogotá cuyos egresados se presentaron y fueron admitidos
en la Universidad Nacional, entre 2007 y 2013, 7 son oficiales y ninguno es de concesión,
lo cual contribuye a desmentir que estos colegios sean superiores a los administrados
por el Distrito.
Debemos llamar a la comunidad de estos
colegios, padres, estudiantes y docentes, a que se unan a nuestra causa en
defensa de lo público y no se dejen engañar por los politiqueros que los
movilizan en defensa de sus intereses privados y no en defensa de la educación
que el Estado les puede brindar, y que la lucha de educadores, padres, estudiantes
y demás habitantes de la Capital puede llevar a mejores niveles educativos para
toda la población. La pelea no es entre nosotros, los del mismo pueblo, es
contra las clases poderosas dueñas del país, de la ciudad, de la educación, de
la salud, de todo lo inimaginable.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario